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Thesis Medidas cautelares que aseguran el cumplimento de la obligación tributaria(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Terán Oyarzúa, Gabriela; Terán Oyarzúa, Gabriela; Gutiérrez González, GustavoEs de público conocimiento que los principales ingresos de un Estado se basan en los tributos que impone a sus habitantes y es de público conocimiento también que la mayoría de ellos cumple con sus obligaciones mecánicamente, sin cuestionarse el por qué de dichas contribuciones ni el destino que estas tienen. Así las cosas, es tarea de este Estado el darles un destino óptimo toda vez que debe cumplir también con las obligaciones para con sus habitantes, de modo tal que sobro sus hombres recae una enorme responsabilidad: por una parte, imponer los tributos de forma no arbitraria pero que sean suficientes para cumplir con sus fines propios y por otro, prestarle a los particulares los servicios propios que un Estado de Derecho debe cumplir para con sus gobernados.Thesis Derecho de desconexión en el trabajo respecto de la seguridad de los trabajadores(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2020) García Córdova, Constanza Montserrat; Pinto Sarmiento, YennyDurante las últimas décadas del siglo pasado y lo que llevamos del presente siglo, se ha ido desarrollando y evolucionando nuevas tecnologías, como nunca se había visto en el mundo que vivimos, que sin duda han facilitado nuestra cotidianidad, en diversos ámbitos como en las artes, la cultura los estudios, la vida familiar y en el ámbito laboral, sin lugar a dudas. En el campo del trabajo, las nuevas y modernas herramientas tecnológicas han permitido facilitar el trabajo, incluso el que se realiza de modo manual, esto sin duda, gracias a la expansión de la internet, teléfonos inteligentes, fax, etcétera, que nos permiten tener la información, órdenes e instrucciones de nuestros empleadores al instante de ser emitidas, ayudándonos a todos en ahorro de tiempo, energía y aumentando la productividad de las empresas. Sin duda, hemos sido testigos en la actualidad, como estas herramientas tecnológicas han sido sumamente útiles, llegando a generar una dependencia, esto se ha visto aún más reflejado, debido a la emergencia sanitaria, ya que las personas han debido recurrir a nuevas modalidades de trabajo, en las cuales se utiliza principalmente la vía telemática para poder continuar con las labores profesionales, esto es lo que se ha denominado teletrabajo o trabajo a distancia.Thesis Suficiencia de la Ley de protección al empleo frente al coronavirus(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2020) Pérez Gómez, Sebastián Andrés; Pinto Sarmiento, YennyUna de las características del Derecho Laboral es el dinamismo que este tiene, puesto que su regulación se va modificando, expandiendo, fortaleciendo con el transcurso del tiempo, ya que nuestra sociedad va en un constante cambio, que va de la mano con el avance de la tecnología, nuevas formas de trabajo, hechos determinantes, que, acorde a las necesidades que surgen, dan paso al reconocimiento y regulación de nuevos derechos y obligaciones laborales. En el mundo existen países que tienen una legislación laboral y de seguridad social mucho más completa, con un notable fortalecimiento en la protección al trabajador, como es el caso de los países europeos, y otros países con una regulación y protección más incipiente, como es la situación de los países sudamericanos. Pero surgen eventos imprevistos, que ni aún los países más desarrollados se encuentran preparados para afrontar de manera eficiente con su actual regulación, como lo es el hecho de enfrentarse a una pandemia. Este trabajo tiene por objeto analizar una de las leyes más importante o tal vez, la más importante que surge en materia laboral a causa del COVID-19 en Chile, como lo es la Ley de Protección al Empleo (Ley N°21.227) que tiene por finalidad entregar prestaciones a trabajadores, quienes a causa del Coronavirus ven suspendidos sus contratos de trabajo, o bien, ven reducida su jornada laboral.Thesis Discriminación de la mujer en el acceso al trabajo y remuneraciones laborales(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2020) Vega Sánchez, Francisca Nicole; Pinto Sarmiento, YennySiglo XXI, tiempo en que el mundo es entendido bajo una concepción de evolución, cambios y, sobre todo, mutación en los Paradigmas que afectan a la Sociedad, dejando en el ocaso del tiempo las viejas concepciones de siglos pasados y sumando nuevas luchas colectivas alrededor del Orbe. El ámbito laboral es uno de los aspectos que más cambios ha tenido a lo largo de la historia, su evolución constante, desde la concepción filosófica – social de los siglos XIX y XX, en que el rol de la mujer en el trabajo, estaba supeditado a las labores del hogar y crianza (trabajo doméstico) y su paulatina incorporación en la estructura industrial y empresarial hasta la actualidad en que la premisa que “ hombres y mujeres participen con igualdad de oportunidades y condiciones en las diversas aéreas de desarrollo”, ha sido el foco de esfuerzo por parte de la comunidad internacional y nacional para que esta premisa cobre vida como una realidad instaurada en los diversos sistemas jurídicos; Estos esfuerzos de índole internacional y nacional, ¿ha sido suficientes? O su implementación en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ha sido en los términos correctos? La discriminación, definida por la real academia española como: “Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”, ha sido una bandera de constante lucha para erradicarla de los distintos aspectos de la vida.Thesis Conflicto de constitucionalidad en los delitos de peligro abstracto(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Cerda Trujillo, Viviana; Schubert Studer, GeorgyEn la actualidad tanto en nuestro país, como en el resto del mundo, gracias a los avances tecnológicos, la globalización y el dinamismo los riesgos y peligros han ido en aumento. Situaciones que hace 20 años eran impensables o tachadas de imposibles, hoy son una realidad. Debido a esto la legislación ha debido actualizarse y conformarse con las nuevas situaciones y riesgos que nos afectan como sociedad. Si bien existen riesgos de fácil identificación y por tanto tipificación como los llamados “delitos cibernéticos”, lo que no implica una rápida reacción de la legislación, existen otros menos evidentes pero de igual relevancia para el ordenamiento jurídico. Es por esta vinculación del derecho penal a la protección de los bienes jurídicos que el legislador ha comenzado a penalizar la puesta en peligro de éstos aún sin que se produzca efectivamente una lesión, ya que, ha sido necesario incrementar los deberes de cuidado. En la actual legislación nacional los delitos penales admiten diversas clasificaciones. Entre ellas y atendiendo a su relación con el bien jurídico tutelado, los delitos pueden clasificarse en delitos de lesión y delitos de peligro. En los primeros el legislador exige una efectiva destrucción o menoscabo del bien jurídico protegido. Un ejemplo de este tipo de delitos es el homicidio (Artículo 390 y siguientes del Código Penal), lesiones (art. 395 y siguientes) o el delito de hurto (Art. 446 y siguientes). Los segundos se definen como aquello en que el legislador considera suficiente para sancionar la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, es decir, que este corra un riesgo concreto; Admiten una sub-clasificación: Delitos de peligro concreto y de peligro abstracto. En los delitos de peligro concreto se exige que la conducta creada por el autor sea real y efectivamente una situación de peligro o riesgo de la integridad del bien jurídico protegido. Su tipicidad incluye la prueba de la existencia efectiva del peligro. Los de peligro abstracto en cambio, son aquellos que la ley presume, por el solo hecho de realizar una acción, que se ha puesto en peligro el bien jurídico tutelado.Thesis Daños punitivos: análisis de su posible aplicación en Chile(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Sepúlveda Benedeti, Robinson; Céspedes Muñoz, CarlosEl presente trabajo tiene como objeto realizar una investigación que permita determinar si dentro del sistema jurídico nacional tiene cabida la aplicación de la figura de los daños punitivos. El interés por realizar un estudio de este tema nace a raíz del rol que le asigna la doctrina y la jurisprudencia a la responsabilidad civil, que en principio sólo le reconoce una función reparadora del daño causado. En virtud de dicho reconocimiento, resulta a lo menos extraña la figura de los daños punitivos como parte integrante de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, países cuyos principios inspiradores del Derecho son similares a los nuestros los han adoptado, y ese es el punto de partida para esta investigación. Este trabajo consta de una parte preliminar y de tres capítulos en los que se desarrolla la investigación. En el primer capítulo se conceptualizará la figura de los daños punitivos, para lo cual se atenderá a su origen histórico, se ahondara en sus características y requisitos necesarios para su aplicación. El capítulo dos se centrará en realizar un análisis de cómo se han implementado los daños punitivos en el derecho extranjero, especialmente en el caso de Estados Unidos y Argentina. El primero, por ser el lugar donde mayor desarrollo jurisprudencial y doctrinario existe y el último por la sencilla razón de tener una legislación similar a la nuestra en lo que respecta a la finalidad perseguida por el sistema de responsabilidad civil, y haber experimentado un profundo desarrollo en la materia durante las últimas dos décadas. Finalmente en el capítulo tres, en base a los antecedentes recogidos en los capítulos anteriores, se realizara un análisis de la situación existente, con miras a determinar si es posible la aplicación de los daños punitivos en Chile conforme a la normativa vigente.Thesis Régimen de tributación simplificada: modificaciones introducidas por la ley 20.780(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Tapia Oyaneder, Ximena del Pilar; Gutiérrez González, GustavoNuestro país se vio en la necesidad de analizar si nuestro sistema de tributación a la renta resultaba consistente con el actual estado de desarrollo y si mediante él, se cumplían satisfactoriamente las finalidades que se le imponen al Estado, como financiar el gasto público, establecer algún incentivo a una determinada industria o actividad, fomentar el ahorro y la inversión, etc. A raíz de esto con, fecha 29 de Septiembre de 2014 se publico la Ley 20.780, reforma tributaria que modifica el sistema de tributación a la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. Dentro de las materias comprendidas en la reforma, se encuentra el sistema de tributación simplificada, régimen opcional de tributación establecido especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), consagrado en el articulo 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta. Este régimen opcional, si bien mantiene la esencia del régimen original que rigió hasta el 31 de Diciembre de 2014 en cuanto a seguir siendo un sistema de tributación y contabilidad simplificada, incorpora importantes innovaciones. Consagrado en el N° 2) del artículo segundo transitorio de la Ley 20.780 que regirá por los años 2015 y 2016 y en el N° 6) del artículo 1° de la mencionada Ley, que contiene el texto definitivo, que regirá a partir del 01 de Enero de 2017. El nuevo artículo 14 ter contempla dos letras, A Y B. la primera de ellas que lleva por titulo “Régimen especial para la inversión, capital de trabajo y liquidez”, es la que en definitiva reemplaza la normativa anterior a la reforma. La letra B contiene una exención del impuesto adicional a ciertos servicios contratados en el exterior. El régimen anterior vigente, contenía restricciones de acceso de acuerdo al tipo societario y a la condición de que se tratara de contribuyentes del IVA, entre otras. Dichas restricciones o limitaciones no se contemplan en la nueva normativa, lo que lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿Las innovaciones introducidas al régimen de tributación simplificada, flexibilizan sus requisitos, para que un amplio sector de contribuyentes se acoja a sus beneficios?Thesis El deber de seguridad de los proveedores y su responsabilidad civil. Análisis de la jurisprudencia existente sobre centros comerciales, grandes tiendas y supermercados(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015-12) Ávila Muena, Marlenne; Montory Barriga, GonzaloLa vida cotidiana de las personas se desarrolla de muchas maneras, una de ellas es adquiriendo bienes o servicios, ya sea para satisfacer necesidades básicas, para una mejor calidad de vida o por simple gusto. Adquisición de bienes o servicios que a veces puede verse afectada por accidentes, provengan estos de caso fortuito o fuerza mayor, de la negligencia o imprudencia del consumidor, o simplemente de culpa o dolo del proveedor y por ello es importante determinar las responsabilidades que pudieren surgir en estos casos, en especial la del proveedor. Será objeto de este estudio la responsabilidad civil de los proveedores por los accidentes que ocurran en centros comerciales, grandes tiendas y supermercados, vale decir, respecto a los daños y/o perjuicios ocasionados en la prestación de servicios a los consumidores y las posibles indemnizaciones que se puedan decretar. La doctrina no es muy variada respecto del deber de seguridad que los proveedores deben tener para con los consumidores. Por ende se abarcará el estudio de los casos y los inconvenientes específicos que se pueden dar en el retail1, siendo uno de ellos el robo de vehículos en los estacionamientos, y también, los accidentes que pueden ocurrir en sus dependencias. La responsabilidad que pudiere afectar a los proveedores de estos servicios deriva del deber de seguridad que estos tienen en virtud del artículo 23 de la Ley N° 19.496 que señala: “Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”.Thesis Límites al ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales tributarios y aduaneros en Chile: Nulidad de derecho Público(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Quezada Escalona, Catalina; Valdés Hueche, AlfonsoEn el marco del nuevo sistema jurídico tributario, que ocurre a partir de la reforma del año 2010, con la modificación de la ley Nº 20.322, que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, se refuerzan las falencias de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que hasta esa época eran fuertemente criticados por la falta de independencia en relación con el Servicio de Impuestos Internos, además de la falta de personal especializado, entre otras falencias. Esta modificación vino a barrer con aquellas fallas, dejando un tribunal especializado e independiente, dotado de amplia jurisdicción, con una nueva inyección económica e incluso un cambio a nivel de infraestructura. Por lo anterior podemos ver que existe un compromiso económico mayor de parte del Estado para darle a este tribunal la competencia y la importancia que amerita. Comprendido esto, es necesario para este estudio entender cuáles son los límites jurisdiccionales de estos Tribunales, lo que en nuestro caso ahondaremos dentro de un tema específico: el Incidente de nulidad de derecho público. Por lo tanto, luego de esta reforma quedó abierta una interrogante: ¿Son estos tribunales especiales competentes para conocer del incidente de nulidad de derecho público? Durante el transcurso de esta investigación nos adentraremos en este incidente, dentro del juicio tributario, pues a raíz de la interpretación de jurisprudencia existen dos tesis posibles respecto a quien corresponde el conocimiento de tal incidente.Thesis Las cláusulas limitativas de la responsabilidad ante el aumento de las limitaciones a la autonomía privada y las nuevas formas de contratación(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Álvarez Ulloa, Constanza; Montory Barriga, GonzaloEl presente trabajo tiene por objeto el estudio de las cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual desde el punto de vista de su evolución con respecto a las restricciones que con el correr del tiempo se han implementado. Es una realidad que las instituciones jurídicas evolucionan conforme a las transformaciones de la vida política, social y económica. Así sucede también con estas cláusulas limitativas de la responsabilidad civil, pues sus restricciones hoy en día no son las mismas vigentes en la época de la dictación de los Códigos Civiles decimonónicos, en la que la contratación era considera entre partes que se encontraban en igualdad de condiciones. Se pretende demostrar en este trabajo que las cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual en cuanto a su fundamento, siempre han estado relacionadas con el principio de la autonomía de la voluntad. Es en base a este postulado que las partes pueden restringir su responsabilidad. Lo anterior se traduce, en que, hoy en día, debido al aumento de las restricciones a dicho principio, generadas por una mayor intervención del Estado en el derecho contractual, como sucede por ejemplo con la contratación en masa o estandarizada de bienes y servicios, con la consiguiente plantilla de condiciones generales y la aparición del concepto de contratos de consumos, se ha generado una mayor restricción a dichas cláusulas limitativas de la responsabilidad. En otras palabras, conforme evoluciona el derecho de contratos, surgiendo nuevas formas contractuales, mayores son las restricciones a las cláusulas limitativas de la responsabilidad civil contractual. El principio de la autonomía de la voluntad no es ni ha sido nunca un principio de carácter absoluto. Desde los primeros tiempos ha tenido límites; como los clásicos fundados en la ley, el orden público y las buenas costumbres, y otros más actuales que surgen de la justicia social, manifestada en la protección del contratante considerado más débil.Thesis Contiendas de competencia que resuelve el senado(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Silva Carrillo, Danilo Eduardo; Vásquez Reyes, Felipe Eduardo Patricio; Opazo de la Fuente, ValeskaEl artículo 53 número 3 de la Constitución Política de la República, refiere que es una atribución exclusivas del Senado: Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Contienda de competencia es la disputa que se promueve entre dos autoridades o tribunales con ocasión de que ambos sostienen disponer o carecer de atribuciones para pronunciarse sobre determinado asunto1. Pues bien, es menester, antes de acometer el desarrollo del siguiente trabajo, recurrir al significado de los vocablos que nuestra Carta Fundamental utiliza, refiriéndose a la atribución en comento, radicada en el Senado. “Contienda” es disputa, discusión o debate, en tanto que “competencia” es oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa, misión u obligación de una persona o una entidad por ejercer un cargo o ser responsable de una labor”. En esencia, la causa que pondrá a dos entes públicos en situación de trabarse en esta especie de conflicto puede ser de muy diversa naturaleza; no hay especificación en el texto que importe una limitación. La atribución senatorial exclusiva podrá ejercerse cualquiera sea el motivo o causa de la controversia2.Thesis Acción de demarcación y cerramiento, campo de aplicación y diferencias respecto de la acción reivindicatoria(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Pardo Leiva, Ricardo Javier; Montory Barriga, GonzaloTenemos la esperanza de que el presente trabajo investigativo sobre “Demarcación y Cerramiento: Campo de aplicación y diferencias respecto a la acción reivindicatoria” satisfaga en parte la necesidad de determinar con mayor claridad la procedencia de la acción de demarcación y cerramiento, lo cual en el ejercicio de la profesión, muchas veces se torna complejo de dilucidar, si no se expresan adecuadamente las pretensiones del actor y los títulos en que se fundan tales pretensiones. Esperamos además, que la presente investigación sirva como herramienta útil para los estudiantes de la carrera de Derecho, que como futuros profesionales, deben tener un claro panorama sobre el derecho de deslindar, que asiste a todo dueño de un predio y las diferencias que existen con la acción reivindicatoria. Para lograr tal objetivo, es indispensable realizar un análisis detallado de la institución que nos convoca.Thesis Principios del derecho ambiental en la decisión de controversias ambientales(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Inzunza Guzmán, Miriam; Sandoval Zambrano, MarceloPara abordar este tema es necesario comenzar por la configuración que ha tenido el Derecho Ambiental tanto en el ámbito internacional como nacional y luego abordar el tema de los principios desde su importancia como fuente del derecho en general hasta su relevancia en esta rama del derecho y específicamente la jurisprudencia. La construcción y reconocimiento de ordenamientos o disciplinas jurídicas de carácter ambiental, a lo largo del tiempo, ha tenido una importante evolución en el mundo entero. Aun cuando nuestro Derecho Ambiental, estructurado en forma sistemática tiene algo más de 20 años, en el Derecho comparado los estatutos jurídicos relativos al Medio Ambiente gozan de madurez y elaboración bastante mayores. El Derecho Ambiental surge a partir de los movimientos ecológicos que se iniciaron en los años setenta motivados por el gran proceso de deterioro de los ecosistemas a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados, producto de la contaminación provocada por los procesos industriales iniciados durante el periodo de la revolución industrial en el siglo XIX. Los movimientos ecologistas nacen con fuerza a partir de 1972, después de la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo sobre el Medio Humano, realizada entre el 5 y 16 de Junio de 1972. En Chile, el primer movimiento ecologista que nace con preocupaciones ambientales es el Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora, en 1968, en Osorno, siendo el cuarto en América Latina.Thesis Los límites de la undad de hecho del artículo 75 inciso primero del código penal(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Barahona Segura, Mónica Anne-Marie; Georgy Schubert, GeorgyLa presente tesina es una investigación que tiene por objeto el estudio de los límites de la unidad de hecho del artículo 75 inciso primero del Código Penal Chileno para lograr determinar cuáles son los alcances de la unidad y pluralidad de hechos en la comisión de un delito; así desentrañar si corresponde la aplicación del concurso real o concurso ideal de delitos en la determinación de una pena. La noción espacio-tiempo goza de vital importancia en la comprensión de la unidad de hecho, ya que constituye el eje central para que se produzca al menos un tipo penal, si también en esa unidad espacio-temporal se realizan los presupuestos de otro u otros tipos penales, podríamos llegar a concluir que ese hecho constituye dos o más delitos. La investigación se encuentra organizada en dos capítulos. El primero de ellos es el planteamiento del problema, dentro del cual abarca los antecedentes y surgimiento del problema a partir de la bibliografía revisada sobre la unidad de hecho hasta las hipótesis o supuestos de la investigación. El segundo capítulo es el marco teórico, el cual abarca diversos tópicos de investigación que van desde las consideraciones generales de la unidad y pluralidad de delitos, concursos de delitos, concurso real de delitos, concurso medial de delitos, concurso Ideal de delitos, noción espaciotiempo como requisito del concurso ideal hasta el análisis de la situación de flagrancia. A continuación estudiaremos con mayor profundidad, detalle y detención; los alcances y límites de la unidad de hecho en la constitución de un delito.Thesis Los principios generales del derecho y la procedencia del recurso de casación en el fondo ante su infracción(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015-12) Aguilar Berger, Fernanda Francisca; Fuentes Guíñez, Rodrigo AbelardoLos llamados Principios Generales del Derecho no han sido un tema pacífico tanto en la doctrina como en nuestra jurisprudencia, puesto que no hay unanimidad sobre el concepto de ellos ni mucho menos de su contenido. Con esta tesina se pretende dar una mayor aproximación a la conceptualización de llamados Principios Generales del Derecho, ahondar en las distintas teorías que intentan explicarlos y analizar la eventual procedencia del recurso de casación en el fondo ante su infracción o violación de aquéllos. La concepción de “Principios Generales del Derecho” tiene su génesis en el Código Civil Austríaco del año 1811, el cual siempre muy apegado a la escuela del Derecho Natural hizo expandir esta noción a otros Códigos Civiles, inclusive al punto de llegar a ser reconocido por el Derecho Internacional. Es así como el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de justicia esgrime los fundamentos jurídicos que el tribunal aplica: 1° Los convenios internacionales; 2° La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho; 3° Los principios generales de Derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Es indudable que los Principios Generales no son un ente desconocido para las legislaciones, es más incluso algunas llegan a utilizarlos como métodos de interpretación (Chile, Uruguay, Perú entre otros) y también como elementos integradores de Derecho, tema que se desarrollará a lo largo de la presente investigación.Thesis La prueba en materia tributaria: diferencias con la prueba sustantiva civil(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Bustamante Rivera, Sebastián Ignacio Andrés; Valdés Hueche, AlfonsoEs de necesidad primordial comunicar al lector, que históricamente, se han hecho innumerables esfuerzos por precisar, interpretar y colegir formas de demostración, en cuanto a la “prueba “, en materia tributaria. En la Tesina siguiente, y como parte de la malla curricular de Licenciatura en Derecho, se pretende aportar información relevante, que guíe, esclarezca y contribuya a la comprensión del tema en estudio. Sobre el tema en estudio de esta investigación, la prueba, es adecuado señalar dos aseveraciones que parecieren no merecer vacilación alguna: la una, la prueba es de las instituciones más importantes que existen dentro de la gran gama de especialidades jurídicas. La otra, la prueba es una de las fuentes que merecen mayor abundamiento doctrinal y jurisprudencial que podemos encontrar en la Ciencia Jurídica. Será objetivo primordial reflexionar sobre la prueba en el Derecho Tributario bajo el soporte basal de la Teoría General del Derecho. Todo ello en la finalidad de obtener un adecuado entendimiento del fenómeno probatorio en esta rama del derecho, el que permita realizar una razonada determinación del presupuesto de hecho tributario. Es nuestra mayor aspiración que tales reflexiones signifiquen un acercamiento a una nueva forma de comprender la institución de la prueba en el Derecho Tributario. La prueba de las obligaciones tributarias, especialmente en nuestro derecho chileno, es una materia con bastantes situaciones de conflicto y vacíos, que redundan, la mayoría de las veces, en posiciones encontradas entre el contribuyente y la Administración Tributaria. La determinación de la obligación tributaria realizada al margen del lenguaje de la prueba resulta inaceptable desde cualquier óptica, y sobre todo a la luz del carácter hacendístico del Derecho Tributario. Por lo mismo, la solución al problema constatado pasa primordialmente por determinar, comprender y aplicar correctamente los aspectos nucleares de la prueba jurídica al ámbito tributario.Thesis La acción quanti minoris: su aplicación en Chile y el derecho comparado(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Mardones Martínez, Carolina; Fuentes Guíñez, Rodrigo AbelardoLa presente memoria busca analizar la acción quanti minoris o estimatoria, temática que si bien es vista por la legislación nacional y el derecho comparado, desde un enfoque general, no es tratada de forma detallada en relación a ciertos aspectos particulares dentro de la misma, quedando a veces ciertas dudas o incertidumbres frente a puntos específicos dentro de ésta, los cuales serán tratados a lo largo de esta investigación. De lo anterior se puede desprender que la acción quanti minoris, no es vista de forma amplia, sino más bien es levemente mencionada o es tratada casi a modo de añadidura a partir de la acción redhibitoria propiamente tal, no tan sólo en nuestra legislación, sino que también en la doctrina y legislación extranjera; es así que a modo de ejemplo el jurista Robert Joseph Pothier (quien no desarrolla en extenso el tema) indica que: “los vicios redhibitorios no dan lugar solo a la acción redhibitoria, sino que también dan lugar a la acción estimatoria o quanti minoris, entre las cuales puede elegir el comprador. Por esta acción quanti minoris, se pide que el vendedor rebaje del precio lo que se estime que vale menos la cosa por razón del vicio que tiene. Esta acción tiene lugar por razón de los mismos vicios y en los mismos casos que la acción redhibitoria, y pueden oponérsele las mismas excepciones. Sin embargo la acción quanti minoris, tenía por el derecho romano una duración más larga que la otra, y se prescribía solo con el transcurso de un año; más entre nosotros se prescribe por el mismo tiempo que la acción redhibitoria.Thesis Consecuencias penales del terremoto de 2010(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2015) Friz Palavecino, Alondra; Santander, Ana María; Elgueta Ortíz, GonzaloChile es un país sísmico, de eso no hay duda; en la Región del Biobío hemos vivido 9 terremotos a lo largo de nuestra historia, ocho de ellos fueron seguidos por un maremoto. Desde 1960, Concepción había vivido una paz sísmica alterada sólo por sismos que nunca superaron los 4 grados en la escala de Richter, pero ha visto un importante avance e incremento en las áreas urbanas y la población, siendo las circunstancias más importantes según la escala de Mercalli para evaluar la cantidad de destrucción que conlleva un terremoto, su magnitud y proximidad a una zona poblada, esta explosión demográfica es un detalle importante a la hora de evaluar las consecuencias sociales y, por lo tanto, jurídicas de esta catástrofe. A pesar de que Chile es un país constantemente expuesto a sismos, el terremoto del bicentenario nos sorprendió totalmente desprevenidos en todas las áreas que pudiéramos imaginar, dejando un saldo de más de 479 personas fallecidas y 497 desaparecidos, según las últimas cifras oficiales. Se produjeron también fenómenos sociales sin precedentes en eventos de similares características: el cese de los servicios básicos y las telecomunicaciones sumieron a la población en un espiral de pánico, sin más información que rumores entre vecinos, y para una sociedad como la de hoy, malcriada por el avance tecnológico, el miedo y el caos le ganó a la templanza que había tenido la población sacudida por anteriores terremotos, en que sólo hubo consecuencias civiles, a diferencia del terremoto en estudio, en que se vio vulnerado el bien jurídico más preciado por nuestra constitución, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, debido a vicios de la construcción. También el derecho a la propiedad, en que cientos de comerciantes locales, empresas nacionales propietarias de supermercados y tiendas de retail vieron sus establecimientos de comercio y bodegas destruidos por los saqueos, lo que trajo consecuencias importantes en la economía nacional ya que estos actores son la mayor fuente de empleabilidad e impuestos. En consideración a estos hechos que marcaron un antes y un después en la vida de quienes lo vivieron o presenciaron, el objetivo principal de nuestra investigación será analizar aquel fenómeno que se dio por primera vez en nuestra historia sísmica: La aplicación del código penal para sancionar conductas originadas por el caos del terremoto.Thesis Aplicación de la transacción en procedimientos de cobro de obligación tributaria(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2016) Blaset Garrido, Pablo; Ochoa Sepúlveda, Juan CarlosEn aquellos países en que el estado no es dueño de los medios de producción, los impuestos constituyen el principal ingreso del gobierno para la economía, es por ello que es de vital importancia que se efectúe una recaudación óptima de los tributos adeudados. En nuestra legislación, una vez que el Servicio de Impuestos Internos ha efectuado el giro de un tributo, los antecedentes son entregados al Servicio de Tesorería para que proceda al cobro de estos. En una primera instancia se insta al contribuyente a fin de que efectúe el pago voluntario de la totalidad del tributo, pero en aquellos casos en que esto no ocurre se procederá a su cobro mediante el juicio ejecutivo sobre cobro de las obligaciones tributarias en dinero, el cual se encuentra regulado en los artículos 168 al 199 del Código Tributario y, de este modo, el contribuyente es compelido mediante un procedimiento coercitivo al pago del tributo. A pesar de lo anteriormente señalado el legislador reconoce aquellas situaciones en que el contribuyente, a pesar de tener la intención de cumplir con su obligación, se ve imposibilitado de hacerlo por alguna situación económica que se encuentre sufriendo en un tiempo determinado, por lo anterior es que la ley autoriza al Servicio de Tesorería a celebrar ciertos “Convenios de pago” con el contribuyente y de este modo llegar a un acuerdo, otorgando facilidades de pago. Lo anterior es de gran utilidad para las arcas fiscales, toda vez que de no celebrar dicho convenio y proceder al cobro ejecutivo, a demás de incurrir en gastos, no está garantizado que por medio del producto del remate se obtendrá el pago integro de la obligación. Ahora bien los convenios señalados son celebrados en el transcurso del procedimiento de cobro de la obligación tributaria, pero el legislador no ha establecido de manera clara la forma en que se plasma el acuerdo en dicho procedimiento. Por lo anterior es que en este trabajo se intentará vislumbrar el medio idóneo para incorporar en el proceso el convenio celebrado entre las partes, de modo tal que no solo sirva como un modo de dejar constancia de aquello, sino como un medio probatorio el cual beneficiará a ambas partes, toda vez que si aún se encuentra vigente el Servicio de Tesorería no podrá reanudar el procedimiento de cobro y por otro lado si el contribuyente lo incumple las cláusulas del convenio se procederá al cobro del tributo en los términos establecidos en el Código de Comercio. Este trabajo comenzará estableciendo lo que debemos entender por obligación tributaria, lo cual constituye el centro de la hipótesis, posteriormente trataremos de modo general el contrato de transacción regulado en el Código civil, todo lo anterior como un modo de establecer ciertas nociones de carácter general necesarias para el estudio que se realiza. Continuaremos desarrollando cada una de las etapas del procedimiento de cobro de la obligación tributaria, tal como se encuentra regulada en nuestro Código Tributario y la posibilidad de paralizar, o poner término, a dicho procedimiento mediante los convenios de pago y finalmente intentaremos dilucidar el modo idóneo para incorporarlo en el proceso.Thesis Regulación de la insolvencia transfronteriza: recepción de la Ley Modelo UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza en la Ley 20.720(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2016) Cayumil Fernández, Victoria del Carmen; Venegas Fierro, Katiusca Andrea; Jiménez Loosli, CeciliaSegún el Profesor Osvaldo Contreras, una insolvencia tiene el carácter de transfronteriza cuando en ella el deudor insolvente tiene bienes, agencias, sucursales o establecimientos en más de un estado, o bien, cuando algunos de los acreedores del deudor no son ciudadanos del país en donde se ha abierto el procedimiento concursal. El problema que se presenta en esta materia radica principalmente en la normativa aplicable a los casos de insolvencia transfronteriza, teniendo en consideración que las normas legales que regulan la quiebra o insolvencia, no siempre son iguales en todos los estados. En este contexto, la Organización de Naciones Unidas ONU, a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil (CNUDMI), creó y aprobó una Ley Modelo sobre insolvencia transfronteriza, con el objeto de unificar y armonizar la normativa en esta materia. Con tal objetivo, algunos estados han recepcionado esta Ley Modelo en su derecho interno. Entre estos estados se encuentra Chile. En efecto, la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, promulgada el 30 de diciembre de 2013 y publicada en el Diario Oficial del 09 de enero de 2014, regula, por primera vez en Chile, la insolvencia transfronteriza, tomando como base fundamental la citada Ley Modelo. Sin embargo, todavía hay muchos estados que no han recepcionado esta Ley Modelo, lo que constituye una dificultad, como se verá más adelante. La presente investigación tiene como principal objetivo proponer una regulación de la insolvencia transfronteriza que pueda producirse entre dos o más estados, cuando uno o más de ellos no hayan recepcionado en su derecho interno la Ley Modelo UNCITRAL.